En Costa Rica el “diálogo ha sido sustituido por el insulto”, concluye informe de UCR sobre libertad de expresión

Lograr disminuir los niveles de violencia presentes en las manifestaciones de opinión pública en diferentes escenarios por parte de distintos actores es uno de los retos que tiene el país en materia de libertad de expresión.

Lo anterior forma parte de las conclusiones del Cuarto Informe del Estado de la Libertad de Expresión en nuestro país, elaborado por el programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) y el Centro de Investigación en Comunicación (Cicom) de la Universidad de Costa Rica.

"Los discursos de odio constituyen un reflejo del estado de la democracia costarricense y del tono que domina el debate a nivel nacional, caracterizado por dinámicas de interacción en las que el diálogo ha sido sustituido por el insulto", resalta el estudio.

En ese orden, a pesar del derecho fundamental que tienen los ciudadanos de expresar libremente sus opiniones, este acaba cuando se trata de expresiones que incitan a la violencia o el odio, de acuerdo con las conclusiones de los investigadores. 

"Por esas razones, es necesario también tomar en cuenta quién emite el discurso de odio y hacia quiénes va dirigido; pues como se señaló con anterioridad, a mayor poder político del emisor, mayor posibilidad de que un discurso de odio se convierta en una agresión física real", agrega el informe.

Otro de los puntos abordados en el análisis gira en torno a la noción de "violencia política", a la luz de la "retórica autoritaria" que ha caracterizado recientemente la esfera pública nacional, a juicio de los estudiosos.

De tal modo, concluyen que "las mismas voces que difunden discurso de odio se escudan en que están ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, y que son objeto de violencia política por externar su opinión".

Asimismo, se marca como otro gran desafío en el estudio de este fenómeno de la comunicación contemporánea es la "aplicación justa de las restricciones, pues, si se aplican de forma selectiva o desproporcionada, existe el riesgo de silenciar voces legítimas que denuncian injusticias o problemáticas sociales".

Dicho estudio consta de un total de siete capítulos que incluyen aspectos como jurisprudencia sobre la materia, influencia de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) como canales de opinión pública, así como contexto socio-político y su impacto en la libertad de expresión.