Tiempo de respuesta para atender accidentes se triplicó en tres años; algunas zonas del país registran espera promedio de hasta 1 hora por un oficial de tránsito
Contraloría alerta por el “deterioro de la capacidad de atención y cobertura de siniestros viales”
13/10/26 | 09:40am
El tiempo de promedio de respuesta para la atención de un accidente de tránsito se triplicó a nivel nacional durante los últimos tres años, así lo revela un informe de la Contraloría General de la República (CGR) donde se hace el llamado de atención a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes por el “deterioro de la capacidad de atención y cobertura de siniestros viales”.
Los detalles del análisis quedaron plasmados en el informe de Auditoría Operativa DFOE-CIU-IAD-00003-2026 emitido este 12 de octubre de 2026.
La tardanza de atención que viven los conductores a diario se debe a la reducción de policías de tránsito. La CGR señala que dicho cuerpo policial tiene un accionar reactivo y carece de estrategia para su operación.
Los datos revelan que el tiempo promedio para el despacho del personal que atenderá un accidente pasó de 9 minutos con 46 segundos en el 2023 a 31 minutos con 53 segundos este año (análisis de datos a marzo).
Este resultado toma en cuenta los datos a nivel nacional; sin embargo, si se analiza de manera específica por zonas del país, hay sitios donde el tiempo promedio supera una hora de espera:
- Chorotega: 1:09:46.
- Área Metropolitana (San José) 50:59.
- Área Metropolitana A (Cartago) 39:37.
- Área Metropolitana B (Heredia y Alajuela) 27:09.
- Huetar Norte 25:28.
- Pacífico Central 17:53.
- Atlántica 14:44.
- Brunca 12:16.
“Se determinó un deterioro en la capacidad y cobertura en la atención de siniestros viales por parte de la Policía de Tránsito. En donde el tiempo de despacho promedio nacional ante siniestros ingresados por el 9-1-1 se triplicó; asimismo, a esto se le suma una disminución de los oficiales de tránsito y que el 65% de la presencia policial en carretera se centra en jornadas diurnas, dejando desprovistos los horarios nocturnos donde ocurre la mayor letalidad. Lo anterior en razón de una menor capacidad operativa asociada, dado que alrededor del 50% de la flotilla de motocicletas se encuentra fuera de servicio”, señala el informe.
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Falta de unidades
La Contraloría reconoce que la distribución del personal de la Policía de Tránsito responde a la intención de atender el mayor volumen de tráfico que circula en horario diurno; sin embargo, esto reduce la vigilancia en el horario de mayor siniestralidad (noches y madrugadas).
Los datos revelan que dicho cuerpo policial pasó de tener cerca de 1.000 oficial a 708 en este momento, lo cual debe dividirse en 29 delegaciones y los diversos turnos de trabajo para mantener la atención 24/7.
Esto da como resultado que “el país cuenta con un máximo de 70 a 80 oficiales en servicio por cada turno a nivel nacional (incluyendo labores administrativas); y en la práctica, esto provoca que algunas delegaciones operen con apenas de 1 a 4 oficiales por turno”.
Otra de los factores que incide en la desmejora del servicio de la Policía de Tránsito se da por su capacidad operativa al tomar en cuenta que, según el informe de la CGR, alrededor del 50% de las motocicletas institucionales no funcionan.
“También se identificó una reducción en la flota activa global: las unidades en operación entre patrullas, motocicletas y grúas disminuyeron de manera sostenida, pasando de 518 unidades útiles en 2023 a 386 a marzo de 2026.
“Aunado a lo anterior, se suman problemas de gestión para la adquisición de repuestos, servicios, mantenimientos preventivos y correctivos, los cuales no se realizan con la suficiente planificación para prevenir la disponibilidad razonable del uso de los vehículos”, señala el documento.
Al analizar toda la situación que rodea la operatividad de la Policía de Tránsito, desde la Contraloría se hace el llamado de atención ante la reducción de la capacidad instalada de dicho cuerpo policial y se advierte de debilidades en la comunicación y articulación institucional entre el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) en su rol de financiador y la Dirección General de la Policía de Tránsito (DGPT) como órgano ejecutor.
Llamado de atención
Desde la CGR se explica a la Administración su responsabilidad de garantizar un servicio de respuesta rápido, eficiente y coordinado ante los reportes de accidentes en carretera a través de los sistemas de emergencia, esto al argumentar que se trata de un “pilar operativo fundamental para proteger la vida humana”.
Ante esto, se hace el llamado de atención para buscar las acciones que permitan a la Policía de Tránsito mejorar sus tiempos de respuesta y apegarse a las buenas prácticas internacionales.
“Para lograr esta efectividad, el Estado está obligado a focalizar su vigilancia táctica de acuerdo con las franjas horarias y zonas de mayor siniestralidad, así como a mantener una disponibilidad óptima de su flota vehicular para asegurar la continuidad del servicio.
“El acatamiento de estas estrategias operacionales es ineludible para garantizar que los recursos públicos invertidos en el control vial cumplan con los principios de eficiencia, eficacia y evaluación de resultados estipulados en la gestión financiera del Estado”, explica el informe.
Los expertos de la CGR aseguran que de “mantenerse estas ineficiencias” existe diversos riesgos sobre la capacidad del Tránsito en cuando a responsabilidad de control y vigilancia en carretera.
También se alerta de la efectividad sancionatoria y disuasoria que tienen los oficiales de tránsito mediante la confección de multas, ya que, pese a la confección de boletas, la efectividad de la falta “se de erosionado” al registrarse que el Cosevi tiene acumuladas más de 879 mil sanciones pendientes de pago, lo que representa más de ¢63.349 millones.
Esta falta de pago impacta de manera directa los ingresos que podría tener la institución para invertir en campañas de prevención o equipo para la Policía de Tránsito en momentos donde la siniestralidad en el país registra datos alarmantes.
“Costa Rica se encuentra entre los 6 países de Iberoamérica con mayores tasas de fallecidos en carretera, llegando a 16 por cada 100.000 habitantes. En la actualidad, los siniestros viales constituyen uno de los mayores desafíos de salud pública, debido a que causan millones de muertes y es la principal causa de mortalidad de los jóvenes”, revela el informe.
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