Vínculo con crimen organizado como criterio para imponer prisión preventiva, propone Sala III
Magistrados expusieron este lunes sus propuestas tras revisión del régimen de medidas cautelares actual
12/10/26 | 15:21pm
Tener un vínculo con el crimen organizado podría agregarse como uno de los criterios válidos para imponer prisión preventiva, así lo proponen los magistrados de la Sala de Casación Penal (Sala Tercera) de la Corte Suprema de Justicia.
Este es uno de los ajustes propuestos y que se expusieron la mañana de este lunes en Corte Plena.
Durante la sesión se plantearon las propuestas de ajuste al régimen de medidas cautelares, esto tras solicitarse el pasado 7 de septiembre que los magistrados de la Sala Primera, Sala Segunda y Sala Tercera, analizaron la normativa vigente y plantearan posibles mejoras para evitar la liberación de personas vinculadas a grupos criminales, esto ante el avance del narcotráfico, crimen organizado y corrupción.
Tras el paso de las semanas, las propuestas llegaron este lunes y plantearon diversos ajustes a la normativa.
Desde la Sala Tercera se propuso promover una reforma al Código Procesal Penal para incluir como criterio de prisión preventiva por peligro de fuga un nuevo inciso:
“e) La existencia de elementos objeticos que permitan establecer la vinculación de la persona imputada con un grupo u organización criminal, cuando la estructura, los recursos, la capacidad logística o el ámbito territorial de actuación de esta proporcionen medios que incrementen razonablemente el peligro de que la persona imputada se sustraiga del procedimiento”.
Este aspecto representaría una nueva causal legal para dictar prisión preventiva y ser valorada por la persona juzgadora a cargo.
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La intención de la propuesta es modernizar la legislación y brindar mayor jurisprudencia a los funcionarios judiciales. Además de este ajuste, la Sala Tercera también propone agregar un inciso relacionado con causal para analizar el peligro de obstaculización y tiene referencia también con la pertenencia a un grupo organizado.
También se propuso ajustar el inciso i) del artículo 244 que menciona “otras medidas cautelares”, y en este caso agrega la posibilidad de suspender del cargo a la persona imputada en caso de que sea funcionario público.
Otra de las medidas que se impulsarán está enfocada en precisar el plazo para trasladar las apelaciones.
Más propuestas
Los magistrados de la Sala Primera y Sala Segunda también expusieron ante la Corte Plena los puntos de mejora en el régimen de medidas cautelares, identificados por ellos y entre los ajustes que plantean se encuentra limitar la reinstalación de funcionarios investigados por corrupción.
La propuesta introduce un nuevo artículo para la posibilidad de reinstalación sea excepcional en casos donde el trabajador es involucrado en casos de presunta corrupción, vínculos con bandas criminales, abuso de cualquier tipo a personas menores de edad o manejo indebido de fondos públicos.
“Tratándose de personas servidoras públicas, cuando la reinstalación sea la única forma de garantizar el objeto del proceso, el Tribunal deberá especificar los alcances de la medida, sin que pueda disponerse su reinstalación en el mismo despacho u oficina donde se desempeñaba.
“En ningún caso la medida provisionalísima de reinstalación podrá extenderse por más de quince días hábiles. Dentro de ese plazo deberá resolverse la procedencia o improcedencia de la medida cautelar. Vencido dicho término sin resolución, la medida provisionalísima quedará sin efecto de pleno derecho”, manifiesta la propuesta de los magistrados.
En el caso de la Sala Segunda, las propuestas presentadas este lunes también tienen relación con el aspecto laboral y reitera como caso “excepcional” la reinstalación de funcionarios involucrados en investigaciones con el crimen organizado.
Al escuchar las propuestas, la Corte Plena aprobó dar un plazo de 10 días para que los magistrados presenten comentarios u observaciones a los planteamientos y tras este periodo se continuará el proceso de análisis para que las propuestas puedan avanzar a proyectos de ley que se presentarían en la Asamblea Legislativa.
Revisión necesaria
La necesidad de revisar los regímenes de medidas cautelares que se avaló el pasado 7 de septiembre, y cuyos informes de resultados se presentaron este lunes, responde a diversos cuestionamientos sobre la aplicación de medidas cautelares aplicadas y que incluso incluyen a funcionarios judiciales.
Entre los casos de mayor polémica registrados hace un mes se incluye la detención y posterior liberación de Jeydi Smith de la O, esposa de Edwin López, alias “pecho de rata”; así como de Gelen Arias Monge, hermana de alias “Diablo”.
En la lista de personas detenidas por vínculos con bandas criminales y liberados en cuestión de horas se incluyen dos jueces de la República y una agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), todos señalados por brindar información interna al grupo criminal liderado por alias “Diablo”.